Viendo Julio, 2006
18 de Julio de 2006
En estos últimos años, los ancianos han dejado de ser casi invisibles para las entidades financieras, lo que se traduce en el lanzamiento al mercado de nuevos productos diseñados en exclusiva para ellos. Uno de los más atractivos es la hipoteca inversa o pensión inmobiliaria, un crédito hipotecario destinado a mayores de 70 años con garantía inmobiliaria.
Si popularmente una hipoteca se entiende como una compra a plazos de una vivienda, la hipoteca inversa se explica como el hecho de ir recibiendo a plazos el dinero que se obtendría de la venta de la vivienda pero con la posibilidad de continuar viviendo en ella hasta el fallecimiento del titular y sin que los herederos del inmueble pierdan necesariamente los derechos de propiedad. A la muerte del propietario será el banco quien convenga, con los herederos de la vivienda, la forma de saldar la deuda acumulada a lo largo de los años. Éstos, a la vista del importe, de sus propios recursos y de la tasación actual de la vivienda heredada, decidirán en que forma les es más rentable saldar la deuda contraída por el propietario original.
La aparición de la hipoteca inversa supone una tercera vía para el 87% de ancianos españoles mayores de 65 años que son propietarios de una vivienda y que cobran una pensión media de poco más de 700 euros al mes.
Hasta hace poco tiempo, los mayores tenían sólo dos posibilidades para obtener un rédito de su vivienda: vender su hogar e irse a vivir en una residencia o a casa de un familiar o suscribir un seguro vivienda-pensión. A través de esta última, el anciano percibía una renta vitalicia hasta su muerte, momento en que la vivienda pasaba directamente a pertenecer a la entidad aseguradora.
Este nuevo crédito especial fija un importe a recibir mayor o menor en función del valor de tasación de la vivienda, de la edad del particular que suscribe la hipoteca y de la voluntad de recibir estos ingresos durante un determinado periodo de tiempo (renta temporal) o, por lo contrario, para el resto de su vida (renta vitalicia). El importe máximo de este crédito suele oscilar, según la entidad financiera que lo comercializa, entre un 90% un 100% del valor de tasación de la vivienda a hipotecar.
Según datos de El País, un mayor de 80 años que elija la modalidad de renta vitalicia, con una vivienda en propiedad cuyo valor esté calculado en 210.000 euros, cobrará durante un periodo inicial de 12 años cerca de 700 euros al mes y, posteriormente, y hasta que fallezca, recibirá unos 634 euros mensuales. Si el valor de la vivienda fuera de 300.000 euros, estas cantidades se situarían en 1.000 euros y 910 euros, respectivamente.
Si ese mismo mayor de 80 años opta por la modalidad temporal cobrará, si el plazo establecido es igualmente de 12 años, más de 850 euros al mes por su vivienda de 210.000 euros y hasta 1.225 euros si ésta vale 300.000 euros.
En países como Reino Unido y Estados Unidos hace décadas que las entidades financieras ofrecen este tipo de producto, y son muchos los que se están añadiendo a ésta incipiente iniciativa. España tiene, sin lugar a dudas, una posición idónea para instaurar este tipo de operaciones, dado que la cantidad de propietarios de viviendas es alta y el incremento del valor de la propiedad rodea entre el 10 y el 18% anual, lo que asegura unos márgenes suficientemente rentables.
Etiquetas relacionadas:hipoteca inversa, mayores
Fuente: Revista Consumer Eroski
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11 de Julio de 2006
Investigadores del Colegio de Medicina de la Clínica Mayo en Jacksonville (Florida, Estados Unidos) han conseguido que animales de laboratorio con una enfermedad similar al Parkinson recuperen el funcionamiento motor. El estudio, publicado en la revista The Journal of Neuroscience, muestra cómo el uso de un fármaco que imita los efectos de la dopamina provoca el desarrollo de nuevas neuronas en la sustancia negra, la zona del cerebro que pierde neuronas como consecuencia de la enfermedad.
Algunos fármacos que actúan sobre los receptores D3 son de uso común en el tratamiento del Parkinson. El descubrimiento también sugiere una vía para desarrollar nuevos tratamientos para la enfermedad.
La enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo progresivo que causa temblores, rigidez, lentitud de movimientos y alteraciones en el equilibrio y la coordinación, se produce por una pérdida de las neuronas productoras de dopamina en una parte del cerebro llamada sustancia negra. Aunque existen muchos fármacos para tratar los síntomas durante las fases iniciales de la enfermedad, los tratamientos se vuelven ineficaces con el paso del tiempo. No existen tratamientos probados para ralentizar o detener el curso del Parkinson.
El estudio se centró en la posibilidad de desarrollar nuevas neuronas a través de restablecer el funcionamiento de células madre que permanecen inactivadas en el cerebro adulto. Estudios anteriores del equipo de científicos de la actual investigación han mostrado que los fármacos que afectan a los receptores D3 pueden desencadenar el desarrollo de nuevas neuronas o neurogénesis en el cerebro de animales de laboratorio adulto.
Según Christopher Eckman, uno de los autores principales de la investigación, “este es el primer estudio que muestra que el desarrollo de nuevas neuronas a partir de células existentes en el cerebro puede conducir a la recuperación de funcionamiento en un modelo animal de la enfermedad de Parkinson”.
Los investigadores administraron infusiones de 2, 4 ó 8 semanas de un fármaco llamado 7-OH-DPAT que aumenta la actividad de los receptores D3 de dopamina en los ventrículos cerebrales de animales adultos con pérdida neuronal en la sustancia negra y síntomas similares al Parkinson humano en un lado del cuerpo.
Los tratados con el fármaco mostraron una proliferación dos veces mayor de células en la sustancia negra en comparación con los tratados con un suero salino. Muchas de las células generadas parecían desarrollarse en neuronas maduras y aproximadamente el 28 por ciento de ellas parecían ser neuronas productoras de dopamina ocho semanas después del tratamiento.
Etiquetas relacionadas:parkinson
Fuente: Ver noticia original" target="_blank">azprensa.com
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11 de Julio de 2006
Poco más de las cien mil personas mayores de 65 años tienen en España un empleo remunerado pese las políticas de incentivos aplicadas en los últimos años para retrasar la edad de jubilación. La reforma del sistema de pensiones que los agentes sociales y el Gobierno han pactado -pediente aún de la firma, que tendrá lugar el próximo jueves, día 13- prevé nuevos e importantes incentivos para extender la edad de retiro más allá de la edad legal -65 años-, a los que los expertos vaticinan poco éxito. Entre esos alicientes destaca el incremento de la pensión en un 2% por cada año de permanencia en el mercado laboral, que se suma al ya existente desde hace cinco años de exención de cotizaciones.
Los expertos coinciden en que el retraso de la edad de jubilación es una necesidad ineludible a medio y largo plazo de los sistemas públicos de pensiones, tal como están concebidos en estos momentos en Europa. La causa en esta ocasión, más que a la crisis de natalidad, hay que atribuirla a la elevada esperanza de vida conseguida en las sociedades occidentales, que se sitúa para las personas que han cumplido los 65 en más de 83 años. Es decir, a una carrera de cotización de 35 años -mínimo para conseguir una pensión ‘completa’- corresponde como media un derecho a pensión de 18 años, y la cifra sigue en aumento.
Prolongar la edad de la jubilación es una de las medidas que están abordando la práctica totalidad de los gobiernos europeos en las reformas de sus respectivos sistemas de pensiones, por diferentes medios. En unos casos, se opta por retrasar la edad legal de retiro (Italia, Alemania, Reino Unido, Austria…) hasta más allá de los 65 años; en prácticamente todos los países se penaliza la jubilación anticipada antes de esa edad, con diverso éxito hasta la fecha; y también se intenta la vía del retraso voluntario, con la esperanza de que esta fórmula evite o demore actuaciones legales más drásticas.
España es uno de los países de la UE donde la edad media real de jubilación es más alta y donde más éxito han tenido las medidas para retrasarla y acercarla a la legal, de 65 años. En la actualidad se sitúa por encima de los 63 años, pero en 2004, año en el que existen datos de los país comunitarios para comparar, era de 62,2 años. Sólo países como Estonia, Irlanda, Chipre, Letonia y Suecia rebasan ese listón, pero sólo por unas décimas. El país europeo donde más tiempo permanece la gente trabajando es Islandia (no pertenece a la UE), que llega a los 64 años, pero se debe a que la edad de retiro es superior a los 65 años. En cambio, socios como Francia se sitúan en sólo 58,9 años; Alemania en los 61,3, y Reino Unido en los 62,1. La media de la Unión Europea es de 60,7 años.
Las políticas de retraso de la edad real de jubilación han tenido un notable resultado en los últimos años, en respuesta a la consigna lanzada por la ‘cumbre de Lisboa’ en el año 2000, que pretendía situarla en los 65 años para 2010, objetivo que se ve ya inalcanzable. Así, en España se situaba en el año 2001 en los 60,3 años; en Francia, en 58,1; en Alemania en 60,6 y en el Reino Unido en 62.
Sin embargo, en España no ha corrido la misma suerte la pretensión de alargar más allá de los 65 años la edad de retiro por la vía de la incentivación puesta en marcha en la reforma laboral de 2001. Según los datos de Eurostat, la tasa de empleo -número de trabajadores por cada cien habitantes- se situaba en el último trimestre de 2005 en el 2,1% para ese segmento de población. La diferencia en este apartado con otros países europeos es muy significativa. A la cabeza está Islandia, donde un tercio de la población se mantiene en el mercado laboral después de los 65 años, y le sigue Portugal, con 18,1%. Al menos otros ocho países superan el 8% y casi todos proceden del grupo de los nuevos socios.
En cifras absolutas, el pasado año había en nuestro país 109.600 personas que mantenían su actividad laboral, frente a las 107.100 de 2001. Este total se corresponde con bastante aproximación con los afiliados a la Seguridad Social mayores de esa edad, que eran en diciembre pasado de 99.452.
Más hombres
Mientras que en la esperanza de vida, la situación de la mujer aventaja holgadamente al hombre, al situarse aproximadamente en los 85 años frente a los 81, en lo que a la edad de retiro concierne se producen también diferencias sustanciales. Así, la tasa de empleo de los varones mayores de 65 años triplica la de las mujeres, con el 3,4% frente al 1,1%. En el caso de personas ocupadas, los datos de Eurostat revelan que 70.200 hombres continúan trabajando frente a 39.400 damas. Desde 2001, la mayor parte del incremento que se ha producido en este apartado corresponde a las mujeres.
Estas magnitudes coinciden, aunque sólo parcialmente, con las personas que mantienen la afiliación a la Seguridad Social, cuyos registros indican que 58.000 hombres y 41.000 mujeres se mantenían en el sistema al acabar el año pasado.
País Vasco
Las estadísticas comunitarias permiten también comparar cuál es la situación de la tasas de empleo por comunidades autónomas, aunque sólo con anterioridad a 2004.
En España esta cifra se situaba en 2004 en el 1,6%, muy por debajo de la media de los 25 países que integran la Unión Europea (3,7%). Como es habitual, la de los varones es superior a las de las mujeres, con 2,3% y 1,0% respectivamente.
En el caso de la comunidad autónoma vasca, la permanencia en el puesto de trabajo en esas edades es notablemete inferior a la del resto de regiones españolas, con el 0,9%, (1,3% para los varones y 0,7% para la mujeres). De hecho se trata de la tasa más baja de España, igualada con la de Murcia. La más alta corresponde a las islas Canarias, con el 3,3%.
Etiquetas relacionadas:comunidad, jubilación, mayores, Pensiones
Fuente: Elcorreodigital.com
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4 de Julio de 2006
El 56,7 por ciento de los españoles considera justo que las personas en situación de dependencia paguen una parte de los servicios que les preste el Estado, en función de sus recursos económicos, y el resto se financie con los impuestos que pagan todos los ciudadanos, según el barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Por el contrario, el 38,1% de los entrevistados señaló que estos servicios deberían ser financiados exclusivamente a través de los impuestos. Por su parte, el 44,6% opina que la Administración Pública sólo debería ayudar económicamente a las personas dependientes que no tengan ingresos suficientes.Otro de los datos que se extraen del sondeo es que la Ley de Dependencia, actualmente en tramitación parlamentaria, es considerada positiva por la inmensa mayoría de los encuestados. El 31,8% la califica de “muy positiva” y el 45% de “bastante positiva”.
Respecto al reconocimiento como empleo, con derecho a retribución y a Seguridad Social, del trabajo que realizan los cuidadores de las personas discapacitadas o dependientes, también la inmensa mayoría de los entrevistados está de acuerdo. En concreto, el 47,5% está “muy de acuerdo” y el 40.3% “bastante de acuerdo”. Además, el 48,4% opina que cuando sea posible, es mejor que una persona en situación de dependencia esté al cuidado de un familiar.
En relación a los servicios que la Administración debería relanzar para garantizar la atención a estas personas, el 47,4% de los encuestados señaló que deberían aumentarse los servicios de atención domiciliaria, el 31,6% las residencias y el 22,5% los centros de día. Por lo que se refiere a la titularidad de estos servicios, el 32,7% de los entrevistados opina que deberían depender de la Administración central, el 25,9% de los ayuntamientos y el 25,5% de las comunidades autónomas.
Para la realización de la encuesta el CIS efectuó 2.490 entrevistas a personas de ambos sexos mayores de 18 años en toda España, entre los días 22 y 29 de mayo.
Etiquetas relacionadas:comunidad, dependencia, ley de dependencia, mayores, residencias
Fuente: Discapnet.com
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4 de Julio de 2006
La edad es el principal factor de riesgo, como lo demuestra el hecho de que la prevalencia pasa de ser un 1,5% a los 65 años de edad a un 32-38% a los 90.
Pamplona, 15 de junio de 2006. La demencia afecta actualmente en España a aproximadamente 700.000 personas mayores de 65 años, con una prevalencia media del 5-10% en este segmento de población. La edad es, de hecho, el principal factor de riesgo para la presentación de un síndrome demencial, de modo que su prevalencia se duplica según se aumenta en cinco años la edad considerada, pasando de un 1,5% a los 65 años de edad a un 32-38% a los 90. El tipo de demencia más frecuente es la demencia degenerativa primaria tipo Alzheimer (48%), seguida de las demencias vasculares (21,8%), demencias mixtas (25,7%) y demencias secundarias (4,5%).
“La demencia”, explica el doctor Manuel Martín Carrasco, vicepresidente de la Sociedad Española de Psicogeratría (SEPG) “puede definirse como un síndrome adquirido de naturaleza orgánica caracterizado por un deterioro permanente de la memoria y de otras funciones intelectuales y muy frecuentemente acompañado de otros trastornos psiquiátricos y del comportamiento, que ocurre sin alteración del nivel de conciencia y que tiene un impacto directo sobre el funcionamiento social. Todo ello determina una paulatina disminución de la autonomía del sujeto y una dependencia creciente de sus cuidadores según avanza la enfermedad causante”.
En el marco del 48º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, expertos se reúnen en el simposio “Demencias abriendo caminos” patrocinado por Laboratorios Andrómaco y Lundbeck para dar respuesta a algunas cuestiones que se presentan habitualmente en el paciente con demencia.
En el año 2005, la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la SEPG publicaron la 2ª Edición del Consenso Español sobre Demencias, en el que sentaban las bases de un abordaje multidisciplinar de este problema de salud pública al que debe considerarse de máxima prioridad, no sólo por su complejidad clínica, sino también por su repercusión social, en especial la que se refiere al impacto de esta enfermedad profundamente invalidante sobre el rol social y la salud de los cuidadores de los pacientes, generalmente sus propios familiares.
“Los costes económicos de la demencia”, advierte el doctor Martín, “son muy importantes. Pero junto a ellos hay que considerar también su impacto sobre las familias. De hecho, los familiares de los pacientes con demencia sufren de forma significativa fenómenos como ansiedad, estrés, depresión, e incluso un aumento de las enfermedades somáticas y de la mortalidad, todo ello relacionado con la sobrecarga que supone cuidar a una persona con demencia, de especial intensidad ante la presencia de trastornos psiquiátricos y del comportamiento en la persona demenciada, especialmente depresión, agresividad, insomnio, además de síntomas psicóticos, como delirios o alucinaciones”.
Uno de los mayores problemas en el campo de las demencias es el diagnóstico. Es probable que la mitad de los pacientes con demencia no estén diagnosticados y/o tratados correctamente. El diagnóstico precoz permite la instauración temprana del tratamiento, pero, sobre todo, permite una planificación adecuada de los problemas que van a ir presentándose en las sucesivas fases.
Según la doctora Eugenia Marta, Neuróloga del Hospital Miguel Servet de Zaragoza “con los criterios clínicos actuales, hasta que el paciente está en un estadio de demencia no podemos establecer el diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer. Pero hasta llegar a la demencia, los pacientes portadores de la enfermedad sufren un deterioro cognitivo leve. Por eso, ante un paciente con deterioro cognitivo leve debemos seguir su evolución porque un porcentaje mucho mayor que la población general evolucionarán hacia una demencia porque son enfermos de Alzheimer”
Tratamiento de las demencias
El tratamiento de la forma de demencia más frecuente, la enfermedad de Alzheimer, conoció un cambio radical a mediados de la década de los noventa, con la introducción de las primeras terapias eficaces. Actualmente existen dos tipos de sustancias, unas que actúan sobre el sistema colinérgico – los inhibidores de la colinesterasa – y otra que actúa sobre el sistema glutamatérgico, la memantina. Ambos sistemas de neurotrasmisión están profundamente afectados en la enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos actuales no curan la enfermedad, pero ralentizan su evolución y disminuyen la aparición de trastornos psiquiátricos y del comportamiento. En cuanto al futuro, probablemente vivamos una fase de terapia combinada, antes de la introducción de fármacos que actúen en un momento más precoz de la cascada de eventos que conduce a la muerte neuronal.
Las demencias se caracterizan por la alteración de las funciones intelectuales, que se expresa con los siguientes síntomas: pérdida de memoria, alteración del pensamiento, desorientación, alteración de la comprensión, pérdida de la capacidad aritmética, reducción progresiva de la capacidad de aprendizaje, pérdida del lenguaje y alteración del juicio.
La evolución progresiva de estos procesos tienen efectos devastadores en fases avanzadas de la enfermedad. Los tratamientos actuales en demencias tienen como objetivo retrasar el momento de institucionalización, reducir la necesidad de atención individualizada y ofrecer importantes beneficios económicos y sociales.
En el tratamiento de las demencias, explica el doctor Manuel Martín, “es indispensable la constante revisión y actualización de las pautas de tratamiento psicofarmacológico, adaptándolos a los constantes cambios de la enfermedad.”
Etiquetas relacionadas:alzheimer, demencias, dependencia, enfermedades, mayores, salud
Fuente: Buscasalud.com
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