7 de Enero de 2008
Declara Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en una entrevista elaborada por Júbilo en la que se preveen la posibles modificaciones para el 2008.
1. ¿Cómo valora el desarrollo de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor y hasta hoy?
Estamos satisfechos. Ha entrado en vigor un nuevo derecho universal para los españoles, destinado a los mayores y a las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas.
Estas personas ya no son atendidas “si se puede” o “si hay servicios”, sino que tienen la garantía de que van a recibir Servicios Sociales o prestaciones económicas. En 2007 tienen este derecho las personas valoradas como grandes dependientes.
Este año hemos completado todo el desarrollo reglamentario básico del Sistema de Dependencia y hemos puesto a disposición de las CC AA toda la financiación prevista. Ahora es el turno de las Comunidades, que están valorando a los ciudadanos y reconociendo servicios y prestaciones.
2. ¿Qué escollos han sido los más difíciles de superar en el trámite y desarrollo de la Ley?
La Ley de Dependencia es una norma ambiciosa y, por ello, también compleja. Sin embargo, ha sido producto de grandes consensos. Los acuerdos con los agentes sociales, las asociaciones representativas de las personas mayores y de las personas con discapacidad, con los grupos políticos y con las CC AA han facilitado las cosas.
3. ¿Cuáles de los retos que afrontaba el Gobierno con la aprobación de la Ley se han logrado? ¿Qué puntos quedan por cumplir?
Como decía antes, estamos satisfechos. La Ley de Dependencia está en marcha y todas las CC AA la están aplicando, valorando a quienes lo han solicitado y reconociendo los servicios y prestaciones. Quizás sería deseable una mayor diligencia de las autonomías, pero, en conjunto, estoy satisfecho.
En cuanto al reglamento, el Gobierno ha completado el desarrollo básico del sistema (baremo, cooperación interadministrativa, financiación, servicios y prestaciones, alta de los cuidadores familiares en la Seguridad Social). En cuanto a otros aspectos, como la coparticipación de los beneficiarios, el Consejo Territorial de la Dependencia acordó el pasado mes de mayo que fueran las Comunidades quienes fijaran esta cuestión tal y como ya realizan con sus servicios sociales.
4. ¿Cuál será el avance de la Ley a lo largo de 2008?
En 2008, tal y como está previsto en la norma, serán beneficiarios de la Ley las personas valoradas como dependientes severos en los casos más graves. Por ello, el Gobierno incrementará la financiación en un 118 por ciento en relación a este año hasta llegar a los 871 millones euros. Por lo demás, creo que el sistema tomará velocidad de crucero definitivamente en todas las comunidades.
5. ¿Cree que el resultado de las elecciones generales de marzo puede influir en el desarrollo previsto en el calendario de implantación de la Ley o en alguna otra cuestión?
No. Este es un derecho universal que han conquistado los españoles y no hay vuelta atrás. En cuanto al calendario, creo que es razonable el planteado en la norma y apoyado por los grupos políticos, aunque es una cuestión que podría revisarse.
6. ¿En qué punto se encuentran los proyectos del Gobierno en materia de Alzheimer y salud mental?
Hay que afrontar estos retos desde el punto de vista de la investigación y de la atención a los afectados y el apoyo al movimiento asociativo. En cuanto a la investigación, en lo que es competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hemos fomentado la creación de los centros de referencia estatales de Alzheimer en Salamanca y de trastorno mental grave en Valencia, que serán pioneros en la investigación relacionada con estas enfermedades.
Por lo que se refiere a la atención social, las personas con Alzheimer o con enfermedad mental que no se puedan valer por sí mismas tienen ya el derecho a ser atendidos gracias a la Ley de Dependencia.
Por último, el apoyo al movimiento asociativo ha sido una constante en esta legislatura. Hemos incrementado los fondos (por ejemplo, hemos pasado del 0,5 al 0,7 por ciento en la recaudación del IRPF para otros fines sociales) para estos colectivos y hemos colaborado con el movimiento asociativo en diversos centros sociales por todo el país.
7. ¿Qué resultados se esperan de la reciente reforma que incentiva económicamente el retraso voluntario de la edad de jubilación?
No esperamos, sino que creemos firmemente, que muchos trabajadores que se encuentran en perfectas condiciones físicas y psíquicas, a partir de ahora, van a decidir, por supuesto de forma voluntaria, la prolongación de su vida laboral más allá de su edad ordinaria de jubilación. Hay que tener en cuenta que, gracias al progreso de nuestro país en las últimas décadas, ha aumentado de forma considerable la esperanza de vida y que muchas personas de más de 65 años consideran que todavía les queda mucho por aportar a la sociedad con su trabajo diario.
Esta medida contribuirá, sin duda, a la sostenibilidad de nuestro Sistema Público de Pensiones y a garantizar las futuras prestaciones.
8. ¿Qué proyectos del Gobierno con respecto a este colectivo considera más importantes ?
Las personas mayores han sido una prioridad en esta legislatura. Este compromiso se ha plasmado a través de dos grandes ejes: la subida de pensiones y la Ley de Dependencia. En cuanto a las pensiones públicas, en esta legislatura hemos incrementado las mínimas entre un 26 por ciento y un 33 por ciento. Nunca antes un Gobierno había subido tanto estas prestaciones.
La Ley de Dependencia garantiza a los mayores que necesiten ayuda para las actividades básicas de la vida diaria que recibirán los servicios o las prestaciones económicas que necesiten.
Además de las pensiones y de la Ley de Dependencia, también hemos hecho un gran esfuerzo en los viajes para personas mayores del Imserso, que han pasado de poco más de 600.000 plazas en 2004 a un millón y medio de plazas, actualmente.
9. ¿Le gustaría continuar en este área de responsabilidad durante la próxima legislatura?
Estoy muy orgulloso del cargo que ocupo y de ser el responsable del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que es la cartera de las políticas sociales y de las personas. El presidente del Gobierno será el que determine dicha circunstancia. Yo estoy a su entera disposición para asumir la responsabilidad que se me encomiende.
Etiquetas relacionadas:alzheimer, comunidad, dependencia, jubilación, ley de dependencia, mayores, Pensiones
Fuente: Agencia Júbilo Noticias
Sea el primero en comentar esta entrada
Lea más entradas sobre: Sociedad de la información
18 de Octubre de 2006
El pasado 5 de octubre, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley de la Dependencia, que entrará en vigor en enero de 2007 y supone el cuarto derecho social de nuestro tiempo, después de la educación, la asistencia sanitaria universal y gratuita y las pensiones. A destacar que, por una vez, la ley provocó el consenso entre el PSOE y el PP. Conscientes de la trascendencia de la noticia, desde InfoElder dedicamos este Boletín a analizar punto a punto la nueva Ley de la Dependencia.
Si en el último siglo la población española se ha duplicado, el segmento de mayores de 65 años se ha multiplicado por siete. Las cifras son contundentes: la esperanza de vida para los hombres es de 74,7 años, mientras que para las mujeres asciende hasta casi los 82. En este contexto, la aprobación de la Ley de la Dependencia emerge como esperanza para las personas con dependencias de carácter permanente.
Un total de 1.250.000 personas en toda España cumplen los requisitos para acogerse a la Ley de la Dependencia, que empezará a implementarse en enero del 2007. Los beneficiarios tienen que presentar “una dependencia de carácter permanente por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, intelectual o sensorial y que precisan atención para las actividades básicas de la vida diaria”. Para todos los tipos de dependencias, la nueva ley establece varios grados:
· Grado I. Dependencia Moderada: la persona requiere atención al menos una vez al día.
· Grado II. Dependencia Severa: la persona requiere ayuda dos o tres veces al día, pero sin necesidad de presencia permanente del cuidador.
· Grado III. Gran Dependencia: la persona requiere ayuda varias veces al día y necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.
Para cada uno de estos grados, un órgano de valoración decidido por cada comunidad autónoma establecerá dos niveles en función de la autonomía de la persona y las necesidades que requiera. El nivel 1 incluirá las dependencias menos graves, mientras que el 2 acogerá a las más severas. De todo el análisis, se emitirá un dictamen y se especificarán los cuidados que cada paciente pueda requerir.
Una vez establecidos los grados, se determinarán tres tipos de prestaciones: servicios para la promoción de autonomía personal, servicio de atención y cuidado tanto en el domicilio del dependiente como en centros especializados y ayudas económicas.
Previniendo un eventual colapso del sistema, la ley establece una implantación progresiva de la misma. El criterio aplicado ha sido el de atender, en primer lugar, a los casos más graves, incorporando los demás en años sucesivos. De este modo, el año que viene podrán beneficiarse de la Ley de la Dependencia los que presenten una gran dependencia (Grado III) de ambos niveles. Entre 2008 y 2009, se añadirán los dependientes severos (Grado II) de nivel 2. En 2010 y 2011 los dependientes severos de nivel 1. Finalmente, los dependientes moderados (Grado I) de nivel 2 se incluirán entre 2012 y 2013 y los de nivel 1 entre 2014 y 2015.
Esta ley incorpora una de las peticiones más demandadas por las asociaciones de familiares de personas dependientes: la regulación de los cuidadores informales, es decir, el reconocimiento de la labor de aquellas personas (generalmente mujeres de unos 50 años) que se encargan de cuidar a familiares dependientes y que esto les impide tener un trabajo remunerado fuera del hogar. La nueva normativa prevé que los cuidadores reciban una compensación económica por su trabajo –y en consecuencia, el alta a la Seguridad Social- y establece programas de formación y periodos de descanso.
El Gobierno tiene previsto destinar casi 1.400 millones de euros anuales hasta 2015 para la prestación de los servicios que establece la Ley de la Dependencia añadiendo los distintos convenios que ha acordado con las comunidades autónomas. No obstante, los beneficiarios deberán pagar por los servicios en función de su renta y su patrimonio. Es decir, el Gobierno financiará el 50% del coste que el usuario no pueda pagar y la comunidad autónoma del paciente abonará el resto.
Etiquetas relacionadas:comunidad, dependencia, ley de dependencia, mayores, Pensiones
Lealo también en: InfoElder
Sea el primero en comentar esta entrada
Lea más entradas sobre: Actualidad senior
30 de Agosto de 2006
Poco más de las cien mil personas mayores de 65 años tienen en España un empleo remunerado pese las políticas de incentivos aplicadas en los últimos años para retrasar la edad de jubilación. La reforma del sistema de pensiones que los agentes sociales y el Gobierno han pactado -pediente aún de la firma, que tendrá lugar el próximo jueves, día 13- prevé nuevos e importantes incentivos para extender la edad de retiro más allá de la edad legal -65 años-, a los que los expertos vaticinan poco éxito. Entre esos alicientes destaca el incremento de la pensión en un 2% por cada año de permanencia en el mercado laboral, que se suma al ya existente desde hace cinco años de exención de cotizaciones.
Los expertos coinciden en que el retraso de la edad de jubilación es una necesidad ineludible a medio y largo plazo de los sistemas públicos de pensiones, tal como están concebidos en estos momentos en Europa. La causa en esta ocasión, más que a la crisis de natalidad, hay que atribuirla a la elevada esperanza de vida conseguida en las sociedades occidentales, que se sitúa para las personas que han cumplido los 65 en más de 83 años. Es decir, a una carrera de cotización de 35 años -mínimo para conseguir una pensión ‘completa’- corresponde como media un derecho a pensión de 18 años, y la cifra sigue en aumento.
Siga leyendo…
Etiquetas relacionadas:comunidad, jubilación, mayores, Pensiones
Fuente: Elcorreodigital.com
Sea el primero en comentar esta entrada
Lea más entradas sobre: Actualidad senior
26 de Julio de 2006
Igual como hicieron las televisivas Chicas de Oro al mudarse a Florida para disfrutar de la jubilación, miles de jubilados eligen cada año las costas españolas para convertir su lugar de vacaciones en residencia habitual.La tendencia no es nueva pero ha ido en aumento en estos últimos años. Los mayores europeos encuentran en España un clima agradable, un estilo de vida saludable y tranquilo, amplias zonas de ocio a la vuelta de la esquina y un bajo coste de vida que les permite vivir confortablemente con las pensiones que reciben en su país de origen.
Aunque las cifras son muy contradictorias por la reticencia de los mayores extranjeros a empadronarse en España, los británicos son, junto con los alemanes, los jubilados que más frecuentemente eligen España como lugar de retiro. Los franceses, belgas y holandeses les siguen aunque todavía a mucha distancia.
Las Islas Baleares, las Canarias, la Costa del Sol (Málaga) y la Costa Blanca (Alicante) son los destinos favoritos de estos privilegiados mayores, que suelen agruparse por nacionalidades dentro del mismo municipio. Así, la cuesta alicantina acoge mayoritariamente a alemanes mientras que la malagueña hospeda a los británicos.
La presencia de jubilados europeos en las costas españolas genera una importante actividad económica en el sector inmobiliario, de consumo y de equipamientos. De hecho, según datos del periódico Herald Tribune, de los 3,7 millones de segundas residencias en España, 1,7 millones pertenecen a extranjeros, de los que un 70% corresponde al Reino Unido y Alemania.
“España va a convertirse en uno de los más importantes países de destino para personas mayores“, opina en El País Rafael Iglesias, miembro de la junta directiva de Edad y Vida. Según el mismo periódico, lo más habitual es que los jubilados compren un piso o un chalé en una localidad costera. Las cifras así lo demuestran: sólo en el litoral malagueño se vendieron 18.000 viviendas a no residentes en 2004, y 15.000 en la comunidad valenciana, según datos de la patronal de los promotores. Los compradores tienen una media de edad de 58 años.
La mayor parte de los retirados extranjeros residen permanentemente en España, aunque muchos de ellos lo combinan y pasan una parte del año en sus países de origen, evitando los meses más calurosos y con más aglomeración de turistas.
Etiquetas relacionadas:comunidad, jubilación, mayores, Pensiones, residencias
Lealo también en: InfoElder
Sea el primero en comentar esta entrada
Lea más entradas sobre: Actualidad senior
11 de Julio de 2006
Poco más de las cien mil personas mayores de 65 años tienen en España un empleo remunerado pese las políticas de incentivos aplicadas en los últimos años para retrasar la edad de jubilación. La reforma del sistema de pensiones que los agentes sociales y el Gobierno han pactado -pediente aún de la firma, que tendrá lugar el próximo jueves, día 13- prevé nuevos e importantes incentivos para extender la edad de retiro más allá de la edad legal -65 años-, a los que los expertos vaticinan poco éxito. Entre esos alicientes destaca el incremento de la pensión en un 2% por cada año de permanencia en el mercado laboral, que se suma al ya existente desde hace cinco años de exención de cotizaciones.
Los expertos coinciden en que el retraso de la edad de jubilación es una necesidad ineludible a medio y largo plazo de los sistemas públicos de pensiones, tal como están concebidos en estos momentos en Europa. La causa en esta ocasión, más que a la crisis de natalidad, hay que atribuirla a la elevada esperanza de vida conseguida en las sociedades occidentales, que se sitúa para las personas que han cumplido los 65 en más de 83 años. Es decir, a una carrera de cotización de 35 años -mínimo para conseguir una pensión ‘completa’- corresponde como media un derecho a pensión de 18 años, y la cifra sigue en aumento.
Prolongar la edad de la jubilación es una de las medidas que están abordando la práctica totalidad de los gobiernos europeos en las reformas de sus respectivos sistemas de pensiones, por diferentes medios. En unos casos, se opta por retrasar la edad legal de retiro (Italia, Alemania, Reino Unido, Austria…) hasta más allá de los 65 años; en prácticamente todos los países se penaliza la jubilación anticipada antes de esa edad, con diverso éxito hasta la fecha; y también se intenta la vía del retraso voluntario, con la esperanza de que esta fórmula evite o demore actuaciones legales más drásticas.
España es uno de los países de la UE donde la edad media real de jubilación es más alta y donde más éxito han tenido las medidas para retrasarla y acercarla a la legal, de 65 años. En la actualidad se sitúa por encima de los 63 años, pero en 2004, año en el que existen datos de los país comunitarios para comparar, era de 62,2 años. Sólo países como Estonia, Irlanda, Chipre, Letonia y Suecia rebasan ese listón, pero sólo por unas décimas. El país europeo donde más tiempo permanece la gente trabajando es Islandia (no pertenece a la UE), que llega a los 64 años, pero se debe a que la edad de retiro es superior a los 65 años. En cambio, socios como Francia se sitúan en sólo 58,9 años; Alemania en los 61,3, y Reino Unido en los 62,1. La media de la Unión Europea es de 60,7 años.
Las políticas de retraso de la edad real de jubilación han tenido un notable resultado en los últimos años, en respuesta a la consigna lanzada por la ‘cumbre de Lisboa’ en el año 2000, que pretendía situarla en los 65 años para 2010, objetivo que se ve ya inalcanzable. Así, en España se situaba en el año 2001 en los 60,3 años; en Francia, en 58,1; en Alemania en 60,6 y en el Reino Unido en 62.
Sin embargo, en España no ha corrido la misma suerte la pretensión de alargar más allá de los 65 años la edad de retiro por la vía de la incentivación puesta en marcha en la reforma laboral de 2001. Según los datos de Eurostat, la tasa de empleo -número de trabajadores por cada cien habitantes- se situaba en el último trimestre de 2005 en el 2,1% para ese segmento de población. La diferencia en este apartado con otros países europeos es muy significativa. A la cabeza está Islandia, donde un tercio de la población se mantiene en el mercado laboral después de los 65 años, y le sigue Portugal, con 18,1%. Al menos otros ocho países superan el 8% y casi todos proceden del grupo de los nuevos socios.
En cifras absolutas, el pasado año había en nuestro país 109.600 personas que mantenían su actividad laboral, frente a las 107.100 de 2001. Este total se corresponde con bastante aproximación con los afiliados a la Seguridad Social mayores de esa edad, que eran en diciembre pasado de 99.452.
Más hombres
Mientras que en la esperanza de vida, la situación de la mujer aventaja holgadamente al hombre, al situarse aproximadamente en los 85 años frente a los 81, en lo que a la edad de retiro concierne se producen también diferencias sustanciales. Así, la tasa de empleo de los varones mayores de 65 años triplica la de las mujeres, con el 3,4% frente al 1,1%. En el caso de personas ocupadas, los datos de Eurostat revelan que 70.200 hombres continúan trabajando frente a 39.400 damas. Desde 2001, la mayor parte del incremento que se ha producido en este apartado corresponde a las mujeres.
Estas magnitudes coinciden, aunque sólo parcialmente, con las personas que mantienen la afiliación a la Seguridad Social, cuyos registros indican que 58.000 hombres y 41.000 mujeres se mantenían en el sistema al acabar el año pasado.
País Vasco
Las estadísticas comunitarias permiten también comparar cuál es la situación de la tasas de empleo por comunidades autónomas, aunque sólo con anterioridad a 2004.
En España esta cifra se situaba en 2004 en el 1,6%, muy por debajo de la media de los 25 países que integran la Unión Europea (3,7%). Como es habitual, la de los varones es superior a las de las mujeres, con 2,3% y 1,0% respectivamente.
En el caso de la comunidad autónoma vasca, la permanencia en el puesto de trabajo en esas edades es notablemete inferior a la del resto de regiones españolas, con el 0,9%, (1,3% para los varones y 0,7% para la mujeres). De hecho se trata de la tasa más baja de España, igualada con la de Murcia. La más alta corresponde a las islas Canarias, con el 3,3%.
Etiquetas relacionadas:comunidad, jubilación, Pensiones, trabajo para mayores
Fuente: Elcorreodigital.com
1 Comentario
Lea más entradas sobre: Actualidad senior
